Desde hace muchos años, el Estado de California (USA) ha sido la cuna de las más prestigiosas empresas de tecnologías. Entre ellas, se podía contar a las casas matrices de HP, Oracle, Tesla y ha sido uno de los principales lugares para los innovadores tecnológicos se encontraba en Silicon Valley.
Innovaciones como Apple y Microsoft, nacieron en dicha área. Aún más, las prestigiosas Universidades Stanford y Barkley (por sólo nombrar dos) se encuentran en este vecindario.
Pero de un tiempo a esta parte esto ha comenzado a cambiar. Varias empresas, incluidas las señaladas anteriormente, han migrado desde California a Texas (Dallas, Houston y Austin). ¿Qué ocurre en la meca de la tecnología que muchos prefieren comenzar el traslado?
Por una parte, se ha explicado esta migración por los impuestos asociados a este tipo de empresas. Estos han crecido sustancialmente en los últimos años, lo que produjo que muchas sociedades comenzarán a buscar nuevos lugares para poder realizar sus negocios sin la necesidad de cargas impositivas tan altas. Además, se ha señalado que esto se debe a las nuevas normativas asociadas a los datos de los consumidores, particularmente, los referidos al California Consumer Privacy Act (CCPA) que entregó mayores facultades a los usuarios con relación a sus datos personales recolectados por las compañías y otras normativas que limitaron el eventual desarrollo empresarial (incluidas otras de carácter ambiental). Debemos recordar que el Estado de California es la quinta economía del mundo, superando a países como India o Francia.
Este ejemplo, permite verificar que cada norma, cada cambio en las reglas del juego, influirá directamente en qué compañías encontrarán atractivo hacer negocios en un país u otro. Chile no está exento de estas incertidumbres, y es curioso que, aún teniendo una legislación de datos personales tan antigua, las organizaciones sigan estando dispuestas a realizar negocios en Chile.
¿Y qué pasará cuando la nueva Ley sobre Delitos Informáticos y de Protección de datos vean la luz? ¿Podremos ser capaces de lograr un equilibrio entre las normas que -correctamente- deben proteger a los usuarios y población en su conjunto y que el desarrollo tecnológico permita ser un efectivo sustento en este siglo?
Debemos aprovechar, ya que la celeridad para dictar estas normas no es algo que nos destaque, de crear un estatuto que permita definir lo que esperamos y queremos como sociedad. Europa ya transitó este camino, y debemos ser capaces de aprender de sus errores y aciertos. Una sociedad que se preocupa por sus ciudadanos debe, al mismo tiempo, lograr una sana convivencia con las industrias tecnológicas. ¿Qué buscamos en Chile? ¿Ser un país con una legislación más proteccionista o que nuestras normas permitan una mayor libertad a las organizaciones? En consideración a la redacción de los proyectos de Ley de Delitos Informáticos y de Protección de Datos, estamos en vías de tener una legislación que se preocupa de manera más directa de la privacidad y que pretende sancionar las conductas que a ojos de los ciudadanos parecen abusivas o poco correctas.
La ventaja es que ya hemos visto sus efectos y podemos por una parte ser exigentes con la protección de nuestros datos, pero a la vez permitir el desarrollo de las empresas. Es una cuestión que requiere una mirada global. Exigiendo en áreas sensibles, pero también entregando mayores beneficios en otras áreas reguladas (tributarias, por ejemplo). Esto permitirá que sigamos siendo un país atractivo para invertir y desarrollar tecnologías.